Indígenas del norte amazónico de La Paz dan plazo de 45 días al gobierno boliviano para cumplir con sus demandas

Comunidades indígenas del norte amazónico de La Paz se declararon en emergencia por avasallamiento e invasión minera en sus Territorios y Áreas Protegidas. Dieron un plazo de 45 días al gobierno para revisar las concesiones mineras que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM pretende otorgar en los ríos Tuichi y Beni, cerca al Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi (PN y ANMI Madidi) y al territorio indígena San José de Uchupiamonas. Pidieron ser incluidos como “actores mineros”.

El 8 y 9 de abril la Central de los Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) afiliada a Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (CIDOB) se reunieron en la Casa Grande de la Nación Leco en Guanay junto a los delegados orgánicos de otras organizaciones amazónicas como CIPTA, OPIM, PILCOL, CIPLA, CRTM-PL, PI-SJU, CEEE, CAOPB, CITMRD y CAPIA, donde resolvieron dos puntos:

1.   Realizar la Primera Gran Marcha de los Pueblos Indígenas de La Paz convocada por la CPILAP, denominada: “Tierra, territorio, dignidad, autonomía y libre determinación”.

2.   Exigir la atención de parte del gobierno al pliego petitorio detallado en la parte considerativa de la presente resolución. 

a)  Titulación de sus territorios y saneamiento. 

b) Anulación de concesiones mineras y cuadrículas otorgadas por la AJAM en territorios indígenas.

c)   Exigen la revisión y modificación de la Ley No. 535 de Minería y Metalurgia y “ser incluidos como actores mineros”.  

A raíz de esta resolución el 3 de mayo el presidente Luis Arce se reunió con los 10 presidentes de las organizaciones indígenas de la Amazonía, junto a la directiva de la CPILAP para escuchar sus demandas. El presidente planteó hacer mesas de trabajo con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) nacional y departamental, Viceministerio de Tierras, Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Viceministerio de Autonomías, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y Corporación de las Fuerzas Armadas para el desarrollo Nacional (COFADENA). 

En la mesa de trabajo realizada en la población de Guanay en fecha 12 de mayo, se exigió que se transparenten las cuadrículas para concesiones mineras. La AJAM mostró que todas las TIOCs que se encuentran a orillas de los ríos Tuichi y Beni cuentan con solicitudes para concesiones mineras; en caso del río Tuichi 100% del río -que se encuentra dentro del PN y ANMI Madidi se encuentra comprometido para actividad minera. Según la AJAM, 15 cooperativas mineras están demandando estas cuadrículas.

Los representantes de cooperativas mineras están utilizando la disminución de la actividad turística por la pandemia para ofrecer dinero a las comunidades y convencer a los dirigentes  y comunarios indígenas de aceptar la minería en sus territorios. El día viernes 22 de mayo llegaron empresarios mineros a San Buenaventura para intentar negociar con representantes de las TIOC e ingresar a los territorios.

Los dirigentes indígenas señalan que las empresas mineras han entrado a los territorios a dividir las organizaciones indígenas. Los Indígenas Lecos han dado testimonio que después de años de haber dejado ingresar la actividad minera a sus territorios, se produjo devastación y contaminación de sus recursos naturales y más pobreza, por lo que recomiendan a la CPILAP y las organizaciones indígenas del norte de La Paz no permitir ingresar la minería.

Las organizaciones indígenas del norte amazónico de La Paz, han dado un plazo de 45 días al gobierno boliviano, que corren desde el 5 de mayo, para cumplir con las demandas de su pliego petitorio, firmado en un documento acuerdo con las autoridades del Órgano Ejecutivo. Caso contrario, los pueblos indígenas afectados por la actividad iniciarán una marcha hasta la sede de gobierno y no descartan tomar otras medidas ante instancias internacionales.

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RESUMEN RESOLUCIÓN 7 Y 8 DE ABRIL CPILAP- CIDOB

1. TIERRA TERRITORIO: Titulación de los territorios y saneamiento. Negligencia administrativa del INRA junto al Viceministerio de Tierras y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

Se rechaza también la intención del ABC de pretender consolidar carreteras sin trazo definitivo, vía saneamiento agrario. Vulnerando el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.

2. INCLUSIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA LEY MINERA Y METALURGIA: La Ley 535 de Minería y Metalurgia del 2014 fue consensuada sin la participación de los pueblos indígenas. Disponiendo de sus territorios ancestrales y avasallamiento sistemático por parte de empresas mineras y extranjeras dedicadas a la explotación aurífera. Se hace necesario demandar la inclusión como actores mineros a los pueblos indígenas, respetando su libre determinación, territorialidad y el derecho a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado, siendo que estamos frente a un estado descolonizador.

El obligar a los pueblos indígenas en cooperativas o empresas mineras, es desconocer sus propias formas de organización y estarían siendo colonizados, al insertar dentro de sus costumbres normas ajenas a ellas. En consecuencia, se deberá incluir como actores mineros a las comunidades indígenas respetando sus propias formas de organización y cosmovisión.

3. COFADENA GUANAY
4.  AVASALLAMIENTOS EN TCO

Condenan el avasallamiento de territorios ancestrales motivados por la explotación extractiva de recursos minerales, y ante la inercia de autoridades llamadas por ley (Fiscalía de Guanay, SERNAP, AJAM, ABT).

Aplicar Jurisdicción indígena originaria bajo los alcances de la Ley de Deslinde Jurisdiccional Nro 73 procediendo a la expulsión y recuperación del territorio, previa conminatoria y participación en cabildo.

5. CO-GESTIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS 
6. PARTICIPACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

Exigen participación prioritaria en la ABT, INRA, EASBA, Ministerio de Desarrollo productivo y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

7. INCLUSIÓN DEL PLAN DE VIDA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA AGENDA GUBERNAMENTAL
8. DELIMITACIÓN DE LOS PUEBLOS NO CONTACTADOS O EN AISLAMIENTO VOLUNTARIO

RESUMEN PRONUNCIAMIENTO CONSEJO DE CACIQUES MOSETENES OPIM

1. Rechazar en su totalidad toda intención de disgregar su territorio, la alteración de su convivencia pacífica y armónica en su comunidad, no permitirán la vulneración de sus derechos como pueblos indígenas.
2. Rechazo rotundo de trámites mineros que pretenden adjudicarse concesiones mineras o reservas de áreas mineras en sus TCO, por personas ajenas a su nación Moseten, sin consulta previa al pueblo como indican las leyes vigentes. 
3. Paralización total de los trámites mineros o reservas de cuadrículas en sus Territorios Comunitarios de Origen (TCO).
4. Respetar sus territorios Ancestrales de acuerdo a su estructura orgánica e iniciar las acciones correspondientes asimismo el pronunciamiento de su ente matriz, CPILAP-CIDOB e instituciones gubernamentales y municipales.
5. Para fines legales hágase conocer la presente resolución al Ministerio de Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM NACIONAL y DEPARTAMENTAL. Instituciones públicas, privadas, mixtas y sociedad civil en general del Estado Plurinacional de Bolivia.

RESUMEN PRONUNCIAMIENTO SAN JOSÉ DE UCHUPIAMONAS

1. El Pueblo indígena San José de Uchupiamonas por ser totalmente afectados por las determinaciones arbitrarias de la AJAM, RECHAZA CATEGÓRICAMENTE, el ingreso de estas cooperativas mineras al interior de nuestra TCO UCHUPIAMONA.
2. Rechazan que con esas decisiones arbitrarias se promueva la división de su histórico y milenario pueblo. Que el 1 de mayo ha recordado sus 405 años de haber entrado en contacto con la colonización. Y como tal ellos son guardianes de sus recursos naturales, sus fuentes de vida para las futuras generaciones, y rechazan la apropiación de los mismos por terceros externos a nuestro territorio.
3. Advierten que su existencia ha sido y es pacífica, pero tratándose de defender sus territorios, la Nación Uchupiamona ante el avasallamiento de su territorio que desconoce su existencia, en última instancia defenderá su territorio utilizando sus modos ancestrales de defensa, y en caso de violencia, el único responsable será el Estado y las instancias que arbitrariamente autorizan la invasión de sus territorios.
4. Rechazo de la otorgación de concesiones mineras en áreas protegidas y territorios indígenas.

RESUMEN PRONUNCIAMIENTO DEL PUEBLO TACANA CIPTA

1. Rechazo a las decisiones de la AJAM
2. Inmediata anulación de las autorizaciones y concesiones mineras otorgadas por la AJAM. Poniendo en conocimiento de la opinión pública que todos los problemas que vayan a suscitarse cuando ejerzamos el derecho a la defensa de nuestros territorios será de ENTERA RESPONSABILIDAD DE ESA INSTITUCIÓN DEL ESTADO.
3. Denuncian el abuso de la AJAM, institución que ha atentado contra la Constitución Política del Estado y toda la normativa nacional e internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas y naciones indígenas.
4. Se adhieren al Pueblo San José de Uchupiamonas y se asumirán las medidas conjuntas colectivas de derechos colectivos territoriales por todos los medios que dispongan.
5. EXIGEN UN TRATO JUSTO E IGUALITARIO POR PARTE DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES, SIN CONDICIONAMIENTOS, SIN DISCRIMINACIÓN Y RACISMO. DECLARAN EL ESTADO DE ALERTA EN SUS COMUNIDADES Y TERRITORIOS.

Resumen PRONUNCIAMIENTO TCO TSIMANE MOSETEN DEL PILÓN LAJAS

1. Exige a la AJAM, que deseche, todas las solicitudes de concesiones mineras, sobre el río Beni y otros sectores aledaños a la TCO PILON LAJAS.
2. Revertir la autorización otorgada, según la AJAM, a una de las empresas mineras.
3. Declararse en estado de emergencia permanente y prontos para iniciar la lucha por el respeto a los derechos a vivir en un medio ambiente sin contaminación por el bien de la salud de nuestros hijos y de la población entera, la que está bastante afectada, por los efectos de la pandemia y por la mal nutrición por falta de recursos económicos.
4. En caso de que la AJAM no responda favorablemente, los habitantes de la TCO Pilon Lajas, se verán en la obligación de tomar las medidas que más le convengan, cómo resistir en el terreno de acuerdo a sus usos y costumbres. También presentar demandas a nivel internacional, por la inminencia de exterminio de los pueblos indígenas por envenenamiento de sus fuentes de subsistencia.