452 activistas y organizaciones ambientales denuncian política de “desprotección” a Áreas Protegidas nacionales

Este miércoles 31 de marzo activistas entregaron entregaron al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia una carta firmada por 452 personas y organizaciones ligadas al medioambiente en la que exigen anular las designaciones a los cargos de dirección y manejo de Áreas Protegidas nacionales por vulnerar la normativa vigente; de la misma manera exigen la renuncia del director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Teodoro Mamani, por serias irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Acceda a la carta completa en este enlace

Desde enero de este año Mamani viene emitiendo memorándums de despidos, que a la fecha habrían afectado a directores de áreas protegidas, jefes de protección y guardaparques, provocando la protesta de guardaparques, colegiados profesionales y organizaciones de la sociedad civil en su conjunto. El despido colectivo afectó a las 22 áreas protegidas nacionales que representan el 15% de todo el territorio nacional.

En la nota a la autoridad, la sociedad civil exige: “1) Anular las designaciones realizadas hasta el momento, por ser producto de una convocatoria amañada y poco transparente que incumple con lo establecido en el Reglamento General de Áreas Protegidas (REGAP), la Ley SAFCO 1178, Ley 004 de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. 2) Realizar nuevas convocatorias públicas y transparentes a través del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) para los cargos de Directores de Área Protegida, que garanticen la transparencia de designación según méritos que exige el REGAP. 3) Exigir la renuncia del Director del SERNAP por no tener la vocación de protección de las Áreas Protegidas, como dejan ver las decisiones arbitrarias que ha tomado para desestructurar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así como por no contar con las competencias mínimas necesarias para el desempeño del cargo y por todas las medidas asumidas a la fecha como Máxima Autoridad Ejecutiva que infringen la normativa que regula la gestión de las AP, la transparencia en la gestión pública y la lucha contra la corrupción”.

Esta acción se suma a los pronunciamientos y cartas dirigidas al gobierno de turno entre enero y febrero, donde miles de personas y cientos de organizaciones, instituciones y colegios de profesionales rechazaron los despidos colectivos y las nuevas contrataciones, al tiempo de denunciar que el objetivo es desestabilizar la protección de las Áreas Protegidas para favorecer el avasallamiento y el extractivismo. Una de estas acciones convocadas en la plataforma change.org logró reunir 8.250 firmas.

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