¡Mantener la banda de precios a la soya, frenar la libre exportación agropecuaria y abrogar los decretos transgénicos para preservar la seguridad alimentaria y los bosques de Bolivia!
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Bolivia, 25 de febrero de 2021
A principios de 2020 el gobierno transitorio de Jeanine Añez aprobó de manera impositiva una serie de decretos a favor del sector del agronegocio. El DS 4139/2020 permite la libre exportación de soya dejando sin efecto el certificado de abastecimiento interno y precio justo. El DS 4181/2020 establecía un nuevo procedimiento para la devolución del gravamen arancelario para la importación de mercancías, lo cual genera más beneficios directos al sector soyero a costa de los bolsillos de los bolivianos. Así mismo, si los precios del mercado mundial suben para algunos productos que tienen un fuerte impacto sobre los bosques y la naturaleza, veremos la expansión descontrolada de la frontera agrícola, deforestación e incendios.
La libre exportación de productos agropecuarios industriales acabará con la seguridad alimentaria del país y la naturaleza.
Hemos visto positiva la regulación estatal al sector agroexportador, cuando Arce Catacora abroga los Decretos Supremos 4139 y 4181 en diciembre de 2020, porque solo así los bolivianos podremos garantizar que, lo que se produce en Bolivia, satisfaga las necesidades y el consumo interno de la población a un precio accesible, garantizando la seguridad alimentaria.
No podemos seguir permitiendo que los precios internacionales fijados por el mercado mundial rijan la seguridad alimentaria familiar, en un país donde el salario mínimo es de Bs. 2.122; pero además porque genera una fuerte presión para la ampliación de la frontera agrícola, que se realiza a expensas de destruir nuestros bosques, suelos, semillas y biodiversidad.
En la práctica, la economía de libre exportación de productos agrícolas, ha forzado que el pueblo tenga que subvencionar internamente al agronegocio para no afectar los precios de la canasta familiar. Esta subvención directa al sector soyero ya goza de una serie de subvenciones a nivel del diésel, la devolución de los impuestos y otras ventajas, de las que no gozan otros actores de la cadena productiva que sí alimentan a la población.
No es posible que ahora realicen un bloqueo de caminos, cuando estamos enfrentando una aguda crisis sanitaria, con la demanda de que el Estado les garantice la devolución de más de 100 millones de dólares solo para compensar sus ambiciones y acumulación de riqueza.
Desde agosto de 2020, el precio referencial de la soya (CBT) ha subido en la bolsa de Chicago, sobrepasado en noviembre 2020 la barrera de los USD 500 por tonelada, precio que no había sido alcanzado desde mediados de 2014. En ese contexto de bonanza para el sector soyero transgénico -y no contentos con los beneficios de esta mejora para el 80% de su producción que exportan- ahora exigen exportar también ese 20% restante con el que abastecen internamente al país y exigen que el Estado, o sea el pueblo boliviano, les compremos su producción a precios internacionales.
El sector soyero por norma no puede exportar más del 80% de la soya boliviana para garantizar el abastecimiento interno del país. Este sector sostiene el falso argumento que esta norma va en contra de sus intereses, lo cual es totalmente falso, pues en el año 2020 apenas lograron exportar el 80% de la producción nacional a pesar de no tener restricciones de exportación gracias a los DS 4139 y DS 4181. Este sector pretende hacer creer que su falta de rendimiento y ventas se debe a una norma que sólo busca regular los excesos y garantizar el mercado doméstico. Por lo tanto, nos parece un argumento de mala fe, que demuestra que al sector soyero sólo le importa la defensa de sus privilegios, por encima del interés colectivo y la seguridad alimentaria de la población.
Ante la nueva arremetida del agronegocio en desmedro de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia, la Asamblea por los Bosques y Vida pide al gobierno y a la ciudadanía no aceptar la libre exportación de productos agropecuarios, mantener la banda de precios para defender la naturaleza, los intereses del pueblo boliviano y abrogar inmediatamente los decretos transgénicos pendientes (DS 4232, DS 4348, DS 4238 y DS 3874).
Finalmente exigimos no caer en el chantaje del uso e ingreso de transgénicos inevitablemente asociados con agrotóxicos. El gobierno se ha comprometido a abrogar el DS 4232 – 4238 y otros que facilitan el proceso de autorización de nuevos eventos transgénicos de soya, maíz, caña de azúcar, algodón y trigo. El Estado no puede caer en el chantaje del sector soyero que le pide que continúe el decreto de Jeanine Añez, como una forma de compensación de ese 20% que supuestamente estarían perdiendo porque no pueden exportar libremente sus productos.
No ceder ante esta nueva arremetida del agronegocio en desmedro de la seguridad alimentaria en Bolivia. No es el momento de dar mayores concesiones al sector soyero. Es tiempo de comenzar a salir del modelo de monocultivo agroextractivista dependiente y generador de pandemias; es hora de una agricultura más resiliente y sana.
Por todo eso exigimos al gobierno:
- Que no ceda al chantaje de mala fe del sector soyero y mantenga la banda de precios y las restricciones a la libre exportación de productos agropecuarios.
- No desate un problema que no podrá controlar con la subida de precios de la canasta familiar, que depende de este producto como el aceite, la carne y otros productos.
- Cumplan su palabra de abrogar el DS 4232, DS 4238, DS 4348 y DS 3874 sobre transgénicos y no claudique frente a la política agrotóxica dejada por Jeanine Añez y el agronegocio.
Asamblea Bosques Bolivia 