La Paz, 26 de enero 2021
Activistas, investigadores/as y científicos de la Asamblea por los Bosques y la Vida Bolivia, presentaron una carta este martes 26 de enero, exigiendo al Presidente del Estado Plurinacional De Bolivia, Luis Arce Catacora y al Vicepresidente y Presidente de la Asamblea legislativa de Bolivia, David Choquehuanca, cumplir sus promesas electorales con la abrogación inmediata de los Decretos Supremos DS 4232, DS 4238, DS 4348, y DS 3874 relacionados a los organismos genéticamente modificados.


Hace más de 7 meses que Luis Arce Catacora, durante su campaña electoral exigió a la entonces presidenta Jeanine Añez la abrogación del DS 4232, en sus propias palabras sostenía: ‘es ilegal y atenta contra la soberanía alimentaria, el patrimonio genético de Bolivia, la biodiversidad y la salud de todos los bolivianos’’. De la misma forma, David Choquehuanca indico hace 4 meses que: ‘’alterar los alimentos genéticamente obedece a intereses económicos que enferman nuestros suelos, al agua, al cuerpo y a la sociedad’’.
La carta argumenta que se trata de decretos que promueven e imponen un modelo de desarrollo insostenible que solo beneficia al sector del agronegocio y transnacionales, dado que el DS 4232 y el DS 4238 autorizan procedimientos abreviados anti científicos para maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados. El DS 3874 autoriza procedimientos abreviados para la evaluación de la soya intacta y la soya HB4 y el DS 4348 enmarca la producción de maíz transgénico y rezonificación de tierras a pesar de que Bolivia es centro de diversidad del Maíz y está prohibido por ley atentar contra ese patrimonio.
La carta resalta que los decretos transgénicos violan la Constitución Política del Estado en varios de sus artículos y denuncia que los eventos transgénicos, inevitablemente asociados a agrotóxicos venenosos, ponen en riesgo a los polinizadores, los bosques, los ríos, la biodiversidad y todos los ecosistemas que proveen funciones claves para el país y su población. En relación al Comité de Bioseguridad, encargado de llevar adelante la evaluación de eventos transgénicos, se resalta que el mismo carece de la capacidad científica y ética, puesto que varios de sus miembros presentan conflictos de interés para llevar adelante dicho procedimiento.
Estos Organismos Genéticamente Modificados no contribuyen a fortalecer la alimentación de los bolivianos, más bien la debilita y es viable sólo mediante la continua y creciente deforestación de los bosques del país que han sido catastróficamente afectados por los incendios del 2019 y 2020. El avance de la frontera agrícola y ganadera es la principal causa de la intensa deforestación, incendios y emisiones de carbono en Bolivia.
Este pedido se suma a la carta abierta y pronunciamiento presentados el 19 de mayo 2020 a la presidenta Jeanine Añez, en la que 300 organizaciones y 14 mil ciudadanos rechazaron los decretos supremos 4232 y 4238 aprobados en plena pandemia, así como también el Decreto Supremo 3874 firmado por Evo Morales. De igual forma, se suma a la Acción Popular presentada el 2020 para la suspensión de la aplicación del DS 4232 y DS4238, la cual actualmente se encuentra en espera de la resolución de Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada al Tribunal Constitucional.
Países hermanos como Perú y México están demostrando desde sus estados y ciudadanía activa un serio compromiso para evitar el ingreso de transgénicos, uso de glifosato y otros pesticidas por haberse demostrado que atentan contra la salud de los consumidores y la salud del medio ambiente. Bolivia puede y debe seguir su ejemplo.