Áreas Protegidas: Despidos colectivos de guardaparques alertan a organizaciones

Las dos primeras semanas de enero el director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), señor Teodoro Mamani, emitió memorandums de despidos para 130 directores de áreas protegidas, jefes de protección y guardaparques, provocando la protesta de guardaparques, colegiados profesionales y sociedad civil. Aunque se conoce que al menos el jefe de proteción del Parque Nacional Madidi fue restituido a su cargo, la alarma sigue vigente entre organizaciones ambientalistas y profesionales en el tema.

Despidos de profesionales para contratar “a dedo”

Las Áreas Protegidas de Bolivia son un bien común y se constituyen en el patrimonio natural y cultural del país, además que ocupan más del 23% del territorio nacional, por lo que su manejo y administración amerita “seriedad y respeto a las normas y mandatos”, reclamó la Asociación Boliviana de Guardaparques, Agentes de Conservación (ABOLAC).

La ABOLAC sostiene que el personal que resguarda las Áreas Protegidas fueron contratados mediante convocatorias públicas, en concurso de méritos y conforme a reglamentos, por ello es un equipo con trayectoria en la función pública de entre 10 a más de 25 años.

El despido colectivo afectó a al menos las siguientes Áreas Protegidas: Madidi, Apolobamba, Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Amboró, San Matías, Noel Kempff Mercado, Kaa Iya, Otuquis, Aguaragüe, Carrasco y Tunari.

La entidad también denuncia que la gestión del señor Mamani -dirigente de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTCB) y militante del Movimiento Al Socialismo (MAS)- es arbitraria, incompetente e improvisada: “a tal punto que en menos de dos meses de gestión ha designado a dos directores de planificación y a dos directores de administración en la unidad central”.

Por su parte, ingenieras/os forestales, biólogas/os e ingenieras/os ambientalistas emitieron pronunciamientos de sus entidades colegiadas en La Paz, Santa Cruz, Pando, Chuquisaca y Cochabamba denunciando que se ha “designando a dedo a personas sin el perfil requerido por los reglamentos y normativa vigente”, poniendo en los cargos de expertos en manejo de áreas protegidas a “dirigentes políticos o profesionales con mucha menos experiencia acreditada para desempeñar estas importantes funciones”, como denuncia el Colegio de Biólogas/os de Bolivia.

La Asociación de Ingenieras/os ambientales de La Paz denuncia el amedrentamiento que han sufrido guardaparques, como es el caso del Parque Nacional Tunari, cuando hacen cumplir la normativa de resguardo y protección contra avasallamientos, deforestación, tráfico de fauna, entre otros.

Por su parte, el Colegio de Profesionales Forestales de Cochabamba “rechaza rotundamente la toma político-partidaria de las instituciones públicas del sector forestal, agropecuario y ambiental del Estado boliviano”.

En todos los casos, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil demandan al inmediata reincorporación de todo el personal, así como renovación de contratos vencidos en 2020. Por otra parte piden equipamiento necesario para mejorar el trabajo que realizan dentro las Áreas Protegidas del país.

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