A través de un pronunciamiento, 121 organizaciones de la sociedad civil, entre colectivos, instituciones y asociaciones, rechazan enfáticamente la aprobación de los D.S. 4232 y 4238 por ser atentatorios a la Biodiversidad, el Medio Ambiente y los Pueblos Indígenas que viven en y de los bosques. Así como también exigen al Gobierno Nacional la abrogación de dichos decretos, dar paso a una comisión técnica que estudie las más de 15 normas que sostienen el llamado “Paquetazo incendiario” del cual se demandó su revisión desde enero de este año y que se debata el modelo de desarrollo que queremos como bolivianas y bolivianos. Respaldan además a la Asamblea por los Bosques de Bolivia en la ACCIÓN POPULAR interpuesta que busca suspender de manera inmediata la implementación de los D.S. 4232 y 4238.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada
SUSPENSIÓN INMEDIATA A LA APLICACIÓN DE LOS D.S. 4232 y 4238 QUE AUTORIZAN LOS TRANSGÉNICOS EN BOLIVIA
En fechas 7 y 14 de mayo el gobierno nacional aprobó los D.S. 4232 y 4238 por los cuales se le instruyó al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB) la realización de un procedimiento abreviado para la aprobación de cultivos transgénicos (OGM) de maíz, trigo, algodón, caña de azúcar y soya, para un número indeterminado de eventos. En Bolivia desde 2005 existe un único evento transgénico autorizado para la soya, el cual fue aprobado bajo presión después de 8 años de estudios. En 2019 el gobierno de Evo Morales, a petición de los empresarios agroindustriales, aprobó el D.S. 3874 con el que aprobó sólo dos eventos de soya (HB4 e Intacta) para la obtención de aceite vegetal para biodiesel, no para consumo humano.
Nuestra Constitución, la Ley de la Revolución Productiva Nro. 144 y la Ley de la Madre Tierra establecieron prohibiciones expresas a la importación, comercialización y producción de productos transgénicos, diseñando un camino de salida de este tipo de cultivos. De acuerdo a los estudios recientemente publicados por WWF Internacional, más del 70% de la fauna silvestre del planeta se habría perdido desde 1970 debido a la deforestación, una de las principales causas además del cambio climático en el mundo. Un incentivo importante a la deforestación es la valorización de los terrenos desmontados para la introducción de cultivos resistentes a plagas y sequía. En Bolivia se han perdido los últimos años más de 8 millones de hectáreas por la deforestación de tierras forestales no aptas para el uso agropecuario. Sumado a ello la degradación que suponen los incendios del pasado año y del presente, pone en estado de vulnerabilidad extrema a los pueblos indígenas y campesinos que viven en y de los bosques.
Existen, además, estudios e investigaciones que dan cuenta de los efectos cancerígenos en humanos que provoca el glifosato y el glufosinato de amonio productos químicos asociados a las semillas transgénicas de soya y que son fumigados sobre el cultivo para el control de malezas donde algunas de ellas ya han desarrollado resistencia comprobada. Estos herbicidas están prohibidos en varias partes del mundo por el daño que también provocan en los suelos y la biodiversidad circundante. A esto debe sumársele que, en el caso del maíz Bolivia cuenta con una gran variedad de semillas criollas que forman parte de la cultura alimentaria de pueblos indígenas y campesinos que están en riesgo de degradarse genéticamente debido a la introducción de semillas transgénicas de este cultivo, estos recursos genéticos deben ser patrimonio natural y cultural protegidos por la Constitución. En el caso del trigo transgénico, Bolivia sería el único país en el mundo que contaría con este tipo de cultivo cuando la producción interna es poco relevante con relación a la importación que se realiza en el país de este grano, existiendo actualmente variedades adaptadas a las condiciones en las áreas de siembra y que son producidas y reproducidas por productores de los valles bolivianos. Por otro lado, para la producción de caña de azúcar existe una soberanía en la producción de material genético además de capacidades tecnológicas y conocimiento nacional para enfrentar la productividad que se perdería generando un sector productivo dependiente de tecnología externa vulnerando la soberanía alimentaria del país. Por último, el algodón es un sector marginal en la economía boliviana que no amerita asumir riesgos en la contaminación y degradación genética de especies nativas como el algodón arbóreo que tiene su centro de origen el Chaco boliviano y forma parte de ecosistemas locales de importancia.
Estamos enfrentando una pandemia que ha resentido la economía mundial y por su puesto la boliviana, a esto se le suma la crisis ambiental planetaria en la que estamos inmersos, que año a año se lleva millones de hectáreas de bosques y biodiversidad, gracias a una política de desarrollo agropecuario de corte extractivista, insostenible y depredadora de la naturaleza. Desde hace décadas que está demostrado que este estilo de desarrollo es insostenible, y las pruebas de ello nos la da la realidad todo el tiempo, no se pueden seguir tomando decisiones inconsultas y atentatorias al medio ambiente y el equilibrio ecosistémico de regiones vulnerables a la degradación de sus recursos naturales.
Consideramos que la adopción de los decretos supremos 4232 y 4238 exacerban las condiciones que incentivan la deforestación y representan un atentado al patrimonio genético y cultural de nuestro país, así como a la salud pública de millones de ciudadanos que han refrendado una Constitución que les garantiza una alimentación sana y saludable, producida en el país, en respeto de la soberanía y seguridad alimentaria.
Hemos conocido finalmente que, en aplicación a los decretos 4232 y 4238 el Comité Nacional de Bioseguridad habría aprobado un reglamento abreviado y de carácter general, por el cual sin estudios de impacto ambiental y en un plazo expedito de 60 días, podría un operador, sin cumplir con los requisitos mínimos de bioseguridad, aprobar un cultivo transgénico, en un indeterminado número de eventos.
Considerando que la Asamblea por los Bosques de Bolivia, que reúne un sinnúmero de organizaciones, personas y colectivos defensores del Medio Ambiente y la Naturaleza, han presentado una ACCIÓN POPULAR, donde se exponen estos y otros argumentos técnico/científicos además de jurídicos sobre la amenaza que representa aprobar estos decretos en medio de la pandemia del Covid-19, sin consultar a los pueblos indígenas ni a la población en general, es por ello que la sociedad civil organizada , decide:
Primero.- RECHAZAR enfáticamente la aprobación de los D.S. 4232 y 4238 por ser atentatorios a la Biodiversidad, el Medio Ambiente y los pueblos indígenas que viven en y de los bosques.
Segundo.- EXIGIR al Gobierno Nacional, en especial a la presidenta del Estado Plurinacional, Jeanine Añez, la abrogación de los D.S. 4232 y 4238, y dar paso a una comisión técnica que estudie las más de 15 normas que sostienen el llamado “Paquetazo incendiario” del cual se demandó su revisión desde enero de este año a su persona y se debata el modelo de desarrollo queremos como bolivianas y bolivianos con una amplia participación de la sociedad civil organizada representada por organizaciones indígenas y campesinas, Organizaciones No Gubernamentales, plataformas ambientalistas, academia y el sector privado.
Tercero.- RESPALDAR a la Asamblea por los Bosques de Bolivia en la ACCIÓN POPULAR interpuesta que busca suspender de manera inmediata la implementación de los D.S. 4232 y 4238, presentándonos como terceros interesados en dicho juicio.
Asamblea Bosques Bolivia 